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martes, 14 de abril de 2009

Área 1.391, el Guantánamo israeli descubierto casi de casualidad y que oculta torturas e interrogatorios.






Fuente: Aritz Intxusta y Alberto Pradilla, Gara - España
Basam terminó «en la luna» el viaje de negocios que había iniciado para proveer de nuevas telas su tienda en Nablus. «La luna» es, en el lenguaje de sus carceleros, el área 1.391. Una cárcel secreta descubierta casi por casualidad en 2003 y que la revista «Foreign Affairs» sitúa como una de las cinco peores del mundo.
La versión oficial dice que permanece vacía después de una sentencia del Tribunal Supremo del mismo año en la que fue descubierta. Pero nadie sabe con certeza qué ocurre dentro de unos muros donde Israel lleva encerrando desde hace décadas a los que ellos denominan «combatientes irregulares». Quienes fueron interrogados entre esos muros han relatado salvajes torturas, que van desde el completo aislamiento hasta la violación. Es el Guantánamo israelí, un centro de detención que nunca existió en los papeles oficiales, donde fueron interrogados palestinos, libaneses y sirios secuestrados por el Ejército israelí y sobre el que pesa el absoluto silencio administrativo. Además, y a pesar de que no existen pruebas que lo confirmen, organizaciones israelíes de derechos humanos han mostrado sus sospechas de que el área 1.391 haya sido utilizada también como base de interrogatorios dentro de la red de cárceles secretas puestas en marcha por la CIA.
«Me arrestaron con mi primo y pasé allí un mes. Estaba solo, no escuchaba nada, creía que no había nadie conmigo», explica Basam desde su pequeño comercio en Nablus. Basam es un nombre ficticio. Su infierno ocurrió en 2002, durante la segunda Intifada, pero sigue teniendo miedo. «Podría estar días enteros hablando de lo que ocurrió, pero no quiero que salga mi nombre».
«Llegas a creer que está hecha para ti»
Con un hilo de voz, recuerda que volvía a casa desde Jordania después de un viaje de trabajo acompañado por su primo Mohammed. Él, y no Basam, era el sospechoso de formar parte de la resistencia. Pero ambos fueron arrestados y, aunque Mohammed sigue preso, los dos saben que terminaron en el mismo agujero, a pesar de que nunca se vieron. «Me dieron un antifaz que tenía que ponerme cada vez que se acercase algún soldado. No me permitían ver el rostro de nadie». El aislamiento, que se puede alargar durante meses, se completa con interminables interrogatorios. «Me pusieron en una especie de máquina de la verdad y me dijeron que no había superado la prueba. Me enfurecí. Pedí que me repitiesen el interrogatorio. Pero no volvieron a hacerlo. Sólo querían que incriminase a mi primo, aunque yo no sabía nada», explica.
Su historia, palabra por palabra, se repite en boca de Hassan, también de Nablus y actualmente miembro de la Policía Preventiva de la Autoridad Nacional Palestina. Precisamente, el cuerpo utilizado por Al Fatah para reprimir a los miembros de Hamas y de otras formaciones de la resistencia.
Siete años antes, Hassan, que ahora tiene 45 años, también estuvo en «la luna». O en Honolulu, o en un submarino, que son las respuestas que obtenían los detenidos cuando preguntaban sobre dónde se encontraban. «Me ordenaron salir de casa con la amenaza de que la echarían abajo. Me metieron en un coche y condujeron durante aproximadamente una hora. No me dijeron a dónde me llevaban», recuerda Hassan.
Después de dos breves pasos por otras tantas prisiones, acabó en la cárcel secreta, encapuchado, atado de pies y manos. «He estado detenido otras veces, la primera durante la primera Intifada, pero en comparación con ésta cárcel, el resto me parece un hotel de cinco estrellas», subraya. «Llega un momento en el que crees que la prisión está hecha sólo para ti». Su condena fue el aislamiento, meses sin ver a nadie, desnudo y sin poder ir al servicio. La celda, de tres metros de largo y uno de ancho, estaba pintada de negro y en completa oscuridad.
Pero casos como los de Basam o Hassam, palestinos interrogados en el Guantánamo israelí, son una minoría. Hamoked, la organización israelí de derechos humanos que denunció su existencia y exigió su cierre, sólo tiene ocho documentados. De ellos, cinco siguen en prisión, ahora trasladados a cárceles convencionales. «Israel sólo comenzó a destinar a detenidos en Gaza y Cisjordania al área 1.391 en el comienzo de la segunda Intifada, cuando fueron miles los arrestados y las prisiones se saturaron», explica Dalia Kerstein, directora de la asociación.
Dós décadas en funcionamiento
Pero, el centro llevaba en funcionamiento más de dos décadas. Como se hizo público después, allí eran conducidos ciudadanos libaneses o sirios secuestrados por el Ejército israelí en sus propios países y desaparecidos durante meses. El más conocido de ellos, Mustafa Dirani. Tras pasar dos años encerrado, ha demandado a Tel Aviv por los malos tratos y sus secuelas. Entre los horrores relatados por Dirani, la violación sufrida a manos del Capitán George, el alias por el que se conocía a uno de los militares encargados de los interrogatorios.
«No podemos saber cuántos libaneses pasaron por allí», señala Kerstein. Del mismo modo, no se conoce el número de presos que, simplemente, desaparecieron.
Oficialmente, el Guantánamo israelí no existió hasta 2003, cuando Gad Kroizer, un historiador hebreo, se encontró con el centro de detención investigando un punto ciego en el mapa.
«El Ejército declaró que ya no hay ningún prisionero. Además, los tribunales han sentenciado que debemos ser avisados cuando un detenido sea trasladado allí, aunque no podemos tener la certeza de que lo hagan», reconoce Lea Tsemel, abogada de Hamoked.
A la izquierda de un país construido sobre el genocidio, le suele pillar a contrapié comprobar que los abusos contra los palestinos sólo cambian de fórmula. El caso del área 1.391 es muy significativo, ya que pasó de manos británicas a israelíes, siempre con el mismo uso: detención y tortura de la población árabe.
«Ni siquiera sabemos desde cuándo se puso en marcha», indica Dalia Kerstein, directora de Hamoked, que explica cuándo fue la primera ocasión en la que el área se hizo visible en su oficina. «Fue en 2002, cuando una mujer de Gaza se puso en contacto con nosotros. Su hermano vivía en Líbano y había salido de allí en un bote. Ella escuchó algo sobre una operación marítima y creyó que su hermano podría estar arrestado, por lo que se puso en contacto con nosotros».
¿Parte de la red de EEUU?
Una de las labores de Hamoked es su acción como enlace entre el Ejército y los familiares de los detenidos, a quienes comunican el lugar donde se encuentra el arrestado. «Se suponía que era un servicio regular, llamamos a las autoridades y nos comunicaron que estaba en el área 1.391. Exigimos poder verle y ellos accedieron, pero fuera de allí. Lo sacaron y se encontró con nuestro abogado, pero en otro lugar, ya que argumentan que se trata de una base militar», explica Kerstein. Nadie, ni siquiera la Cruz Roja, tiene permiso para acercarse a la zona.
«Israel sigue torturando, pero no del mismo modo que antes», remarca Kerstein. «los militares deberían de comunicar dónde están los detenidos, pero lo cierto es que no lo hacían nunca. Los denunciamos y, después de una sentencia del Tribunal Supremo, nos comunican a nosotros su ubicación», explica en su oficina de Jerusalén Este, pegada al barrio donde la mayoría de países han situado sus consulados.
A pesar de estar hablando de una cárcel secreta, de un centro de interrogatorios que seguiría siendo un borrón en Google Earth de no haber sido por la casualidad, Kerstein confía en la palabra de los militares. «Si llevan a alguien allí, tendrán que hacérnoslo saber». Su abogada, Lea Tsemel, mantiene el mismo discurso, aunque reconoce que «no podemos estar seguros».
Si el área 1.391 se utilizó contra libaneses y sirios secuestrados, ¿fue también parte de la red de centros de detención utilizada por Estados Unidos durante los primeros años del siglo XXI? «Creemos que con nuestra denuncia evitamos que Israel fuese una de las paradas de esta red de tortura», asegura la letrada. Menos optimista, Kerstein admite simplemente que «no existe información».
No obstante, hay indicios que podrían apuntar a la participación sionista en el secuestro de sospechosos de tomar parte en la insurgencia afgana y su posterior interrogatorio dentro del vacío legal.
Existencia de vuelos sospechosos
«En Israel tenemos interrogadores que hablan muy bien el árabe, y siempre ha existido buena conexión con Estados Unidos», reflexiona, manteniendo sus sospechas sobre la posibilidad de que Israel fuese una de las escalas de los aviones de la agencia estadounidense que han trasladado a los detenidos a las prisiones secretas. En este sentido, reconoce que «han existido vuelos sospechosos que podrían tener relación con la CIA», pero lamenta que «no tenemos ningún dato que lo avale».
Según sus informaciones, los arrestados durante la última agresión sionista contra Gaza no fueron destinados al área 1.391. «El Ejército había preparado un gran campo de detención en el desierto del Negev», comenta Kerstein, «pero apenas se tomaron dos centenares de prisioneros, de los cuales la mayoría se encuentra en libertad».
Sin embargo, la directora de Hamoked advierte sobre el régimen que Israel ha impuesto a los prisioneros que ha hecho en Gaza, y que le otorga plena impunidad para hacer con ellos lo que quiera.
«Actualmente, hay una veintena de detenidos a los que se ha calificado como combatientes irregulares, lo que les despoja de cualquier garantía legal». El eufemismo, ya empleado por EEUU contra los encarcelados en Guantánamo o Abu Ghraib, esconde un silogismo muy peligroso.
«Como organizaciones como Hamas o el Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP) son ilegales en Israel, se considera que los miembros de sus milicias son combatientes ilegales, lo que es utilizado por el Estado para no aplicar los convenios internacionales de derechos humanos».
Este argumento significa, para Tel Aviv, que los detenidos pueden permanecer encerrados por un tiempo indeterminado, sin asistencia legal de ningún tipo y al margen de los procesos judiciales convencionales.
«Quizás la llegada de Obama y su intención de cerrar Guantánamo puedan servir también aquí», considera Kerstein, una mujer que no pierde la esperanza, a pesar de los horrores cometidos por su Gobierno, de «vivir en un país que no tenga en su territorio cárceles secretas».
2009-04-14 06:35:51

Las víctimas de Gaza piden siga el proceso.




Fuente: Ángeles Vázquez, Público - España

Sostienen que el fiscal pide el archivo de la causa por la política exterior de España.
"Somos conscientes de la compleja posición en la que se encuentra el fiscal entre el deber de defender la legalidad y, como en este caso, de atender a las necesidades de política exterior de España". Es la única justificación que los abogados de los seis supervivientes y familiares de víctimas del ataque que el Gobierno israelí perpetró contra el barrio Al Daraj de Gaza, el 22 de julio de 2002, encuentran a la petición fiscal de archivar la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los militares responsables del lanzamiento de la bomba que mató a un miembro de Hamás y a 14 civiles.
Legalizar asesinatos sin juicio
Los querellantes se opusieron ayer, con un escrito de 45 páginas, a la petición de archivo fiscal. Consideran que "es obligación de la Jurisdicción española proceder a la investigación y enjuiciamiento" de los autores del ataque. La querella, admitida a trámite por el juez Fernando Andreu el pasado mes de enero, se dirige contra el entonces ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben-Eliezer, y otros seis responsables militares.
La acusación particular califica de "vergonzante" la sentencia del Tribunal Supremo israelí que el Ministerio Público esgrime para pedir el archivo de las actuaciones. En su opinión, supone "el primer apoyo de la Fiscalía de un país europeo a la filosofía que intenta destruir el edificio del derecho internacional, al legalizar asesinatos sin juicio previo".
El ataque investigado por la Audiencia Nacional pretendía matar al miembro de Hamás Sala Shedadeh. Para ello se lanzó una bomba de una tonelada que mató a otras 14 personas e hirió a 150 más. La sentencia del Alto Tribunal israelí se limita a ordenar el examen de las circunstancias de cada ataque.
Con ese objetivo se creó una "comisión administrativa", que concluyó que no se debía investigar el de julio de 2002, porque las fuerzas armadas habían respetado "los principios de distinción y proporcionalidad".
"Siete años después del ataque todavía no hay causa en Israel que impida" juzgar a sus responsables en España, concluye el escrito.
2009-04-14 06:45:48